Noticias

Leer el informe anual de PROVEA: Situaciòn de los Derechos Humanos en Venezuela

Comunicado de Prensa:

FORO POR LA VIDA EXIGE JUSTICIA PARA LAS VICTIMAS DE LOS HECHOS DE
VIOLENCIA OCURRIDOS EN EL SECTOR DE LA PARAGUA

Las organizaciones venezolanas de derechos humanos que integran el
Foro por la Vida repudian categóricamente "la masacre de La Paragua",
perpetrada por efectivos militares del Teatro de Operaciones número 5
en el sector de La Paragua, Municipio Raúl Leoni del Estado Bolívar,
así como las acciones presuntamente ejecutadas por efectivos militares
en dicha zona desde el pasado 22 de septiembre de 2006 hasta la fecha,
dado que estos hechos constituyen una violación múltiple de los
derechos humanos.

De acuerdo a la información obtenida, una división del Teatro de
Operaciones número 5 (TO5) fue enviada para desarticular unas
invasiones mineras presuntamente ilegales en el sector. Dicha
intervención produjo un saldo de al menos seis mineros muertos, de
ellos dos indígenas, por disparos realizados presuntamente por
efectivos militares en el sector la Paragua y cuatro mineros en Maripa
Alto Caura en circunstancia todavía no claras en el marco del
operativo del TO5. Las organizaciones firmantes reconocen el derecho
y el deber del Estado de emprender acciones para la recuperación
ambiental y la salvaguarda del ecosistema; no obstante es importante
resaltar que estos lamentables acontecimientos parecen constituir una
acción sistemática de uso excesivo y abusivo de la fuerza contra la
población de la zona, y en particular en contra de los mineros, ya que
una situación similar ocurrió el pasado 14 de marzo de 2006 en la
misma población de La Paragua, arrojando como resultado un saldo de
dos víctimas fatales, además de constantes atropellos y
hostigamientos.

Las ONG observan con preocupación que varios sucesos tales como la
masacre del Amparo en 1988 donde fueron asesinadas 14 personas y más
recientemente la masacre del Alto Apure, donde fueron asesinadas 8
personas, se efectuaron por cuerpos especiales de las fuerzas
militares creados por el Ejecutivo Nacional para brindar mayor
seguridad en zonas fronterizas. Estos cuerpos armados del Estado se
han convertido en generadores de mayor inseguridad, al incurrir en
violaciones de los derechos humanos e irrespetar garantías
fundamentales reconocidas por la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos.

Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
sentencia del 29 de agosto de 2002 en el caso del Caracazo Vs
Venezuela (Reparaciones), exhortó al Estado Venezolano a: "…ajustar
los planes operativos tendientes a encarar las perturbaciones del
orden público a las exigencias del respeto y protección de tales
derechos, adoptando, al efecto, entre otras medidas, las orientadas a
controlar la actuación de todos los miembros de los cuerpos de
seguridad en el terreno mismo de los hechos para evitar que se
produzcan excesos. Y debe finalmente, el Estado garantizar que, de
ser necesario emplear medios físicos para enfrentar las situaciones de
perturbación del orden público, los miembros de sus cuerpos armados y
de sus organismos de seguridad utilizarán únicamente los que sean
indispensables para controlar esas situaciones de manera racional y
proporcionada, y con respeto a los derechos a la vida y a la
integridad personal".
También, como recientemente lo estableció la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en su sentencia del 5 de julio del 2006, en el caso
del Retén de Catia:
"67. El uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad
estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser
planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. En este
sentido, el Tribunal ha estimado que sólo podrá hacerse uso de la
fuerza o de instrumentos de coerción cuando se hayan agotado y hayan
fracasado todos los demás medios de control ."

68. En un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza
letal y las armas de fuego por parte de agentes de seguridad estatales
contra las personas, el cual debe estar prohibido como regla general.
Su uso excepcional deberá estar formulado por ley, y ser interpretado
restrictivamente de manera que sea minimizado en toda circunstancia,
no siendo más que el "absolutamente necesario" en relación con la
fuerza o amenaza que se pretende repeler . Cuando se usa fuerza
excesiva toda privación de la vida resultante es arbitraria.

69. Según los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de
Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la
Ley , las armas de fuego podrán usarse excepcionalmente en caso de
"defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de
muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de
un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la
vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese
peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y
sólo en caso de que resulten insuficientes medidas menos extremas para
lograr dichos objetivos. En cualquier caso, sólo se podrá hacer uso
intencional de armas letales cuando sea estrictamente inevitable para
proteger una vida."

Las organizaciones firmantes exigen del Estado Venezolano el respeto,
por parte de todos sus cuerpos de seguridad militares y civiles, a la
normativa nacional e internacional, particularmente el Código de la
ONU para Funcionarios encargados de Hacer Cumplir la Ley y las Normas
de la ONU Sobre Uso de Armas de Fuego.

Recuerdan nuevamente que el uso de las armas por parte de los
organismos de seguridad debe estar sometido a principios de necesidad
y proporcionalidad; particularmente en el caso de los efectivos
militares, los cuales están dotados de armamento de alta potencia

De igual forma, hacen un llamado a que se inicie bajo la
responsabilidad de una jurisdicción civil (artículo 29 de la
Constitución) una investigación transparente y respetuosa de los
derechos de las personas involucradas. Insisten en que los hechos
ocurridos en La Paragua y Alto Caura sean investigados sin demora y se
establezcan responsabilidades materiales e intelectuales. Asimismo
exigen a las autoridades resguardar la integridad física de aquellas
personas que atestiguaron los hechos.

Resaltan las declaraciones emitidas por el ciudadano Presidente de la
República, quien reconoció expresamente que efectivos de la Fuerza
Armada Nacional usaron de manera abusiva de las armas, exhortó a que
se hicieran las investigaciones correspondientes y manifestó su
voluntad en poner fin a este tipo de prácticas. Saludamos la voluntad
expresada por el Ejecutivo Nacional de impedir la impunidad en este
caso. Así como los casos están siendo investigados por funcionarios
civiles adscritos a la Fiscalía General de la República y al
Ministerio del Interior y Justicia.

La gravísima situación suscitada en La Paragua y Alto Caura y otras
zonas aledañas pone una vez más de manifiesto la perentoria necesidad
de la implementación de políticas públicas eficaces que sustituyan a
la minería por otras actividades que garanticen a la población el
empleo productivo y estable y la salvaguarda del hábitat y el
ecosistema, garantizando la consulta y la participación de las
comunidades que durante años han vivido de la minería. Sólo en el
marco de la mejora de la calidad de vida de la población local será
posible la superación de las situaciones asociadas a los daños
ambientales, la pobreza y la violencia.

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Centro por la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad
Central de Venezuela

Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y
Religiosos de Venezuela (SECORVE)

Comité de Familiares de Familiares de Víctimas de los Sucesos de
febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC)

Fundación de Derechos Humanos del Estado Sucre

Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui

Observatorio Venezolano de Prisiones

Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho

Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz

Servicio Jesuita de Refugiados (SJR)

Vicaría de Derechos Humanos de Caracas
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Lectura de la realidad venezolana desde los derechos humanos

Boletín electrónico Nº 169

Del 14 al 27 de abril de 2006

CONSULTE ESTA EDICIÓN AQUÍ

http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/2006/coyuntura_169.htm

ÍNDICE DE NÚMEROS

http://www.derechos.org.ve/actualidad/coyuntura/

T I T U L A R E S

EFEMÉRIDES DE DERECHOS HUMANOS DE MAYO

CONTEXTO

* Provea declara desierto concurso del cargo de Educador (a) en Derechos Humanos y abre nuevo período de recepción de documentos.

* Provea convoca a su VII Seminario de Formación en Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC): "El derecho humano a la salud: una visión integral"

* John Dinges, autor del libro “La Operación Condor”, conversó con Provea sobre situación de los Derechos Humanos en el país

* Movimientos sociales, redes y organizaciones contra el ALCA se reunieron en La Habana

* Poniendo coto a la comercialización de alimentos transgénicos

* 24 al 28 de abril: Semana Mundial de la Educación Para Todos

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

* El drama de los adjudicatarios del complejo habitacional Ciudad Miranda

* La Solvencia Laboral: Una buena medida dictada de manera ilegal

* “Los Derechos Humanos Laborales”, nuevo título de la serie “Tener derechos no basta”

* Necesidades sanitarias en América latina y el Caribe son preocupantes, afirma informe difundido por la CEPAL

* PIDHDD conmemora Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

* Movimientos sociales envían a Lula, Kirchner y Chávez carta de protesta contra la construcción del gasoducto suramericano

* Indicadores del Derecho a la Vivienda

* Indicadores del derecho a la alimentación y al salario justo

* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre el derecho a la educación

DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

* Comité de Postulaciones Electorales consideró impugnación a presunto partícipe en masacre de El Amparo

* Continúa hostigamiento contra defensor de los Derechos Humanos

* Venezuela precursora en defensa de la vida

* Políticas de Seguridad: Un debate que apenas comienza

* Acciones contra la problemática carcelaria

* OEA crea web para recibir propuestas para la Convención Interamericana contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e Intolerancia

* Propuestas y exigencias de Provea a los poderes públicos sobre la seguridad ciudadana

INVITACIONES A EVENTOS

* Convocatoria "Escrituras trans latinoamericanas"

ARTÍCULOS

* Son derechos: "Ocupaciones en Ciudad Miranda"

* Son derechos: "Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo"

* CEPAL: "Desarrollo con derechos, derecho al desarrollo"

* Miguel Pickard: "Tiempos de migrantes en Estados Unidos"

NOVEDADES DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN TODOS LOS DERECHOS PARA TODOS

* "La dimensión política de los derechos económicos, sociales y culturales: una invitación al debate"

* "Gobernabilidad y democracia, Venezuela: Salud"

* "Cuestiones Políticas"

* "Dfensor"

DOCUMENTOS

* Comunicación enviada al Ministro de Hábitat y Vivienda por habitantes de Nueva Tacagua, denunciando desalojos irregulares

* Declaración final del V Encuentro Hemisférico de Movimientos Sociales, Redes y Organizaciones que luchan contra el Alca

________________________________________________________

COMUNICADO DE PRENSA

VENEZUELA PRECURSORA EN DEFENSA DE LA VIDA

El 22 de abril se celebra un nuevo aniversario de la abolición de la pena de muerte.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización venezolana de promoción y defensa de los derechos humanos, recuerda que hace 142 años, el 22 de abril, Venezuela abolió definitivamente la pena de muerte, convirtiéndose así en el primer país en el mundo que la abolió de manera definitiva y para todos los delitos (comunes, políticos y militares). Fue en 1864 después de la cruenta Guerra Federal y se consagró esta abolición de la Pena de Muerte en la Constitución Nacional promulgada el 22 de abril de 1864, la cual en su artículo 14 del Título III referido a las garantías de los venezolanos establece que: "La nación garantiza a los venezolanos: la inviolabilidad de la vida, quedando abolida la pena capital, cualquiera que sea la ley que la establezca."

De esta forma y desde ese momento Venezuela siempre se ha pronunciado en los foros internacionales en contra de la pena de muerte. Al año siguiente (1865) San Marino se convirtió en el segundo país abolicionista de la pena de muerte, hoy son 123 países (más de la mitad y casi dos tercios de los países del mundo) los que ya han abolido la pena de muerte. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (aprobada mediante referéndum popular y promulgada en diciembre de 1999) reconoce este compromiso y consagra en el artículo 43 del Título III referido a los derechos humanos, garantías y deberes que El derecho a la vida es inviolable. Ninguna ley podrá establecer la pena de muerte, ni autoridad alguna aplicarla.

Sirva la conmemoración de esta fecha para que todos los venezolanos y todas las venezolanas renovemos nuestro compromiso de defender y promover la vida y los derechos humanos, al mismo tiempo que exhortamos al Estado Venezolano y específicamente a las autoridades de los Poderes Judicial, Ciudadano, Ejecutivo y Legislativo a implementar medidas, acciones, políticas y decisiones efectivas que disminuyan y erradiquen la inseguridad, la impunidad, el sicariato y las violaciones al derecho a la vida, especialmente en casos de ejecuciones sumarias (asesinatos) y desapariciones forzadas cometidas por funcionarios y funcionarias públicas.

NO AL GAZODUCTO DEL SUR

Para firmar la pétition:

http://www.petitiononline.com/rechazo/petition.html

A los Presidentes Néstor Kirchner de Argentina, Luiz Inacio Lula Da Silva de Brasil y Hugo Chávez Frías de Venezuela

Sres. Presidentes,

Nos dirigimos a Ustedes, como Jefes de Estado responsables de la paz y del bienestar colectivo de nuestros pueblos, con el único propósito de hacerles un urgente llamado de atención y de responsabilidad por las acciones que adelantan sus gobiernos para la ejecución del proyecto gasífero denominado "Gasoducto del Sur".

Ante la peligrosa situación generada en torno a la Amazonía por las aceleradas decisiones tomadas para la construcción de este mega gasoducto que partiría desde la desembocadura del río Orinoco-Venezuela, atravesando el corazón del Amazonas en Brasil hasta llegar a Buenos Aires-Argentina, nosotros, los abajo firmantes, ciudadanos(as), organización, y movimientos sociales de Suramérica y el mundo, preocupados por la defensa del Planeta, y comprometidos con sus habitantes y con el destino de las generaciones presentes y futuras, les manifestamos nuestra categórica oposición a este proyecto. Interconexión energética que en su recorrido de 8000 Km., pasaría e intervendría áreas de alta vulnerabilidad ecológica, social, cultural y de extrema importancia para la vida. Esto, bajo nuestra óptica, sería el paso definitivo para la destrucción de la Amazonía, la Guayana venezolana y diversos ecosistemas de la costa caribeña y atlántica, poniendo en riesgo inminente a la región con devastadoras consecuencias para el planeta.

El sólo planteamiento de este faraónico proyecto, inconsulto por demás, viola convenios y acuerdos sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y otros tratados internacionales suscritos por nuestros países; y ha sido dado a conocer por medios oficiales sin contar con los estudios previos necesarios en cuanto a factibilidad e impacto ambiental, sociocultural y económico.

La integración de nuestros pueblos es pertinente y necesaria pero basada en un enriquecedor intercambio social y cultural; en el diálogo de saberes; en el intercambio de experiencias agro-ecológicas, sin transgénicos ni monocultivos; en la satisfacción del déficit energético basada en el uso consciente de la energía y en la producción de energías alternativas mediante procesos ecológicos. No compartimos la integración que visualiza el desarrollo del Proyecto ’Gasoducto del Sur’ sin considerar el grave impacto que se le estaría causando a la Amazonia, que es garantía de vida, reservorio de agua dulce, de biodiversidad y hábitat natural de muchos pobladores indígenas. Esta mal llamada integración, no traería ni unidad ni bienestar a los pueblos del Sur ya que está fundamentada en la sobre-explotación de los recursos naturales y en la destrucción del patrimonio biodiverso que existe en esta excepcional región. Sin lugar a dudas, ese proyecto acrecentará la deuda ecológica y social y por ende, la pobreza.

La Integración de nuestros Pueblos requiere: un cambio de paradigma que se aparte del modelo de desarrollo dependiente de los hidrocarburos impuesto a nuestra civilización; una visión de protección ambiental integral en aras de detener el aumento de la deuda ecológica y social; la defensa de nuestros derechos como acreedores y no deudores de una deuda externa; una relación directa Estado-Ciudadano para el diseño de políticas públicas; y el fortalecimiento de valores de libertad, igualdad, equidad, justicia, paz, de no discriminación, respeto a la vida y a los Derechos Humanos.

En consecuencia, por lo antes expuesto, solicitamos de Ustedes descartar definitivamente la construcción del ’Gasoducto del Sur’ como medio para cubrir las necesidades energéticas de Suramérica y buscar una opción cónsona con la realidad ecológica, social y económica de la región.

Marzo 2006